La Cámara de Diputados aprobó este miércoles con 390 votos a favor una reforma a las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Contabilidad Gubernamental y Coordinación Fiscal, que faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para investigar presuntas faltas administrativas graves en cualquier momento.
El eje técnico del dictamen obliga a la ASF a coordinar y administrar un Sistema Nacional de Registro de Información y Datos Relacionados con los Recursos Federales. En esta plataforma, los entes públicos deberán reportar obligatoriamente los datos identificativos, los momentos contables y los beneficiarios finales de los recursos de origen federal, incluyendo las participaciones.
La modificación legislativa establece métricas temporales precisas para el proceso de revisión de la Cuenta Pública. La ASF tendrá un máximo de 120 días hábiles, a partir de la recepción de las respuestas de las entidades fiscalizadas, para determinar la solventación o no solventación de las observaciones.
Posteriormente a dicho pronunciamiento, el órgano fiscalizador contará con un límite de 90 días hábiles para remitir el dictamen técnico de no solventación a las áreas de investigación correspondientes. Todas las notificaciones derivadas de estos procesos deberán realizarse de manera personal o mediante medios electrónicos.
El régimen transitorio del decreto, enviado al Senado de la República, estipula que la implementación técnica de la plataforma y el aumento de facultades operativas no contarán con recursos financieros adicionales. Las erogaciones generadas deberán cubrirse con el presupuesto ya aprobado para los ejecutores de gasto en el ejercicio fiscal vigente y los subsecuentes.
Para la ejecución de estas disposiciones, el marco regulatorio otorga un plazo de 90 días naturales para que la ASF adecue sus reglamentos internos. Asimismo, fija un límite de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto para que el nuevo Registro de Información inicie sus operaciones tecnológicas con mecanismos de control de acceso.
A nivel logístico, la reforma autoriza la celebración de convenios entre la ASF y las entidades de fiscalización superior locales. Estos acuerdos permitirán a los órganos estatales participar en la recopilación de información y revisión documental del gasto federal transferido a municipios y estados, manteniendo la jurisdicción constitucional exclusiva a nivel federal.
